⛔ ROBO PÚBLICO | Detectan 4212 empleados públicos beneficiados con canastas de víveres

⛔ #Sinvergüenzas | Tras el informe del Contralor Nelson Schack, es indignante saber que 4212 empleados (de los 3 niveles de gobierno) hayan sido descarados en arrebatar una canasta de víveres a familias que si lo necesitaban. En la Ugel de Yauyos y, Oyón, hay involucrados. También en varios municipios de Huaura y Cañete.

Esos empleados no se encontraban dentro de la población vulnerable durante el estado de emergencia por el Covid-19, puesto que sus ingresos netos fluctúan entre los S/1,200 y los S/ 10,000 mensuales: 1,055 funcionarios y servidores públicos tienen ingresos netos que oscilan entre los S/ 1,200 y S/ 2,000 mensuales, otros 2,477 reciben entre S/ 2,001 y S/ 3,000, y 627 registran ingresos entre S/ 3,001 y S/ 5,000.

"Sorprende que 53 funcionarios públicos que perciben ingresos netos mayores a los S/ 5,000 figuren en el registro de beneficiarios de canastas, las cuales nunca debieron recibir por no encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Incluso hay dos funcionarios que perciben ingresos superiores a S/ 10,001 mensuales”, detalló el Contralor.

Estos funcionarios (con ingresos mayores a los S/ 5,000) laboran en 38 entidades públicas adscritas a los Gobiernos Regionales y al Gobierno Nacional. Desde las Cortes Superiores de Ayacucho, Ica, INDECOPI, SUNARP, INPE, SUNAT y universidad nacionales como “La Cantuta”, del Altiplano, e Intercultural de la Amazonía.

Por regiones

A nivel de regiones, la mayor cantidad de funcionarios y servidores públicos beneficiados con la entrega de canastas de víveres se ubican en Lima con un total de 583 (14% del total). Le siguen las regiones de Loreto con 11% (482), Piura con 9% (370), Junín (252), Cusco (239), Huancavelica (219), Ayacucho (207), Áncash (203), La Libertad (200) y Apurímac (198).  

Justamente, a nivel de la región Lima Provincias se conoció que existen 2 funcionarios involucrados de las ugeles de Yauyos y Oyón.

Medidas que adoptarán

Shack Yalta anunció que la Contraloría General iniciará servicios de control posterior en los gobiernos locales que habrían distribuido canastas básicas familiares a funcionarios y servidores públicos a fin de determinar posibles responsabilidades. 

Además, adelantó que entregará al Ministerio Público la información sobre estos 4,212 funcionarios y servidores públicos que recibieron canastas de víveres para que, dentro de sus competencias, inicien las acciones que correspondan.